Una crisis de seguridad sin precedentes
Perú vive una crisis de seguridad preocupante. Hay cada vez más actos de violencia, sobre todo en Lima. Esta situación afecta a los más vulnerables, como los conductores de transporte público y los comerciantes. En los últimos dos años, han aumentado las extorsiones, los ajustes de cuentas y los asesinatos. La Policía Nacional del Perú registró 459 asesinatos entre el 1 de enero y el 16 de marzo de 2025, y 1 909 casos de extorsión solo en enero.
La indignación creció con el asesinato de Paul Flores, cantante del grupo de cumbia Armonía 10. Murió el 16 de marzo durante un ataque armado al bus de su gira. Ante el aumento de las extorsiones, el 17 de marzo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en Lima y Callao. El 17 de abril se prorrogó por 30 días más. La medida implica más presencia policial, controles y restricciones y prohibido viajar en moto con pasajero y usar accesorios que oculten el rostro.
Un estudiante universitario en Lima que fue víctima de ocho asaltos, tres con armas de fuego y cuatro con cuchillo cuenta:
“Resulta una apuesta contra la vida cada vez que se sube a un bus, puesto que adicionalmente resulta normal que por ciertas zonas, los ladrones ingresen al transporte público y asalten a los pasajeros”
“Desde ahí he tenido que aprender a caminar por ciertas zonas y estar atento de por dónde ando.”
Un profesor de una universidad privada confirma este miedo:
“La situación de seguridad es bastante crítica. Porque no hay mucha seguridad en el contexto de apoyo del gobierno, gobierno de ciudad, o gobierno regional, o gobierno del estado”.
Estas entrevistas muestran cómo la violencia afecta a todos los sectores de la sociedad.
El transporte público, centro de la violencia diaria
Los conductores de transporte público son los principales blancos de las bandas criminales. Estas exigen pagos regulares bajo amenazas de muerte. Desde enero de 2025, al menos 16 conductores fueron asesinados en Lima. Al inicio de abril, tres conductores fueron asesinados por hombres armados en moto.
Estas muertes revelan un sistema de violencia organizado que busca controlar barrios enteros. Los choferes, mal protegidos y sin apoyo sindical, denuncian la falta de acción del Estado. Muchos informan haber pedido ayuda a la policía sin recibir respuesta.
Esta inseguridad afecta sobre todo a las clases medias y populares, que dependen del transporte público. Un profesor de la carrera de relaciones internacionales denuncia la ausencia de policías en las zonas más peligrosas:
“Porque muchos de los alumnos de acá viven muy lejos, como a dos horas. O tal vez en distancia, no es tan lejos, pero el tráfico es tan terrible y tienen que usar transporte público y pocos tienen transporte privado, entonces sí me preocupa”. “La policía, en sí, no hay mucho. No están en los lugares peligrosos.”
En este contexto, muchas personas deben cuidar su propia seguridad.
Las huelgas: un grito nacional
Ante la inacción del gobierno, los conductores han organizado varias huelgas en 2024 y 2025. El 23 de octubre de 2024, una gran huelga paralizó Lima, con peticiones de medidas concretas contra la delincuencia. El 10 de abril de 2025, los conductores volvieron a protestar, marchando hacia el Congreso. Querían exigir medidas frente a la criminalidad. Los asesinatos en Perú aumentaron más de un 30 % en 2024: de 1 508 en 2023 a 2 059 en 2024, según el gobierno.
Durante la marcha, los trabajadores llevaban pancartas con mensajes como: “Justicia para los choferes muertos”. El jefe de la policía, general Óscar Arriola, declaró que el gobierno movilizó a 13 000 policías y militares en Lima y Callao. También ofrecieron 22 buses para ayudar a los ciudadanos.
Aun así, muchos critican estas medidas por ser temporales y poco eficaces. No atacan las causas del crimen. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre abusos policiales sin castigo. En la práctica, las extorsiones y asesinatos continúan. La falta de coordinación y la corrupción debilitan los esfuerzos del gobierno.
Consecuencias sociales y económicas
El miedo generalizado afecta la vida cotidiana. Muchas personas tienen miedo de salir, lo que impacta la economía local. Desde 2024 hasta hoy, casi 470 colegios privados han cerrado debido a las extorsiones. También hay muchos comercios que han tenido que reducir sus horarios o cerrar por completo. El transporte público funciona con dificultades constantes. En Lima, muchos ciudadanos dicen sentirse abandonados por el Estado frente al aumento de la violencia.
Propuestas desde la ciudadanía
Ante tanta inseguridad, algunos ciudadanos proponen soluciones. Un estudiante de relaciones internacionales cree que se necesita una reforma profunda: «Propondría una reestructuración política y policial, asimismo sería muy eficaz que se haga un seguimiento a todas las personas que ya cuentan con antecedentes penales y/o denuncias y actuar de forma más estricta con estas personas.» En su opinión, una respuesta más dura a los delincuentes ya conocidos por la justicia ayudaría a romper el ciclo de impunidad y restablecer un mínimo de confianza pública.
Un profesor universitario también insiste en la necesidad de mejorar las instituciones del Estado, empezando por la policía: «Menos corrupción. Fortalecer la institución de la policía, el gobierno… Cosa que se convierte la policía en una carrera que la gente quiere de verdad hacerla y que tiene un respaldo económico.» En su opinión, sólo una transformación estructural motivaría a los agentes a implicarse en las zonas de alto riesgo, al tiempo que mejoraría su eficacia y legitimidad a los ojos de los ciudadanos.
En conclusión, la creciente inseguridad en Perú afecta profundamente la vida cotidiana y la economía. Las protestas reflejan el descontento popular, mientras que se requieren reformas urgentes para restaurar la confianza y garantizar la seguridad.
